Jdigital pide evaluar la regulación vigente antes de reformar la Ley del Juego
La asociación del juego online ha fijado su posición sobre el proceso abierto por la Dirección General de Ordenación del Juego para modificar la Ley 13/2011: antes de decidir qué se cambia, quiere una evaluación de las normas aprobadas en los últimos años. Ha puesto en marcha tres grupos de trabajo…
La asociación del juego online ha fijado su posición sobre el proceso abierto por la Dirección General de Ordenación del Juego para modificar la Ley 13/2011: antes de decidir qué se cambia, quiere una evaluación de las normas aprobadas en los últimos años. Ha puesto en marcha tres grupos de trabajo y llevará sus conclusiones a un documento conjunto a principios de 2027, con la vista puesta en la próxima legislatura.
Jdigital ha hecho público su planteamiento sobre la reforma de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, el proceso que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) arrancó en mayo con la apertura de una consulta pública previa. La asociación no entra en qué artículos deberían cambiar: su posición es anterior a eso y consiste en pedir que la reforma empiece por medir los efectos de lo aprobado en las dos últimas legislaturas.
Evaluar antes de proponer
El argumento central del comunicado es que «cualquier reforma de la Ley debería comenzar por una evaluación rigurosa de las medidas adoptadas»: qué ha funcionado, qué efectos han producido las distintas decisiones regulatorias, dónde hay margen de mejora y qué consecuencias, previstas o no, han tenido sobre jugadores, operadores, canalización y funcionamiento del mercado.
Detrás hay una idea que la asociación repite y que ordena todo su discurso: «protección y canalización no son objetivos contrapuestos». Un mercado regulado atractivo, sostiene, es condición para que la protección funcione, porque solo protege a quien juega dentro.
La referencia a la intensa actividad regulatoria de las dos últimas legislaturas tiene contenido concreto. Desde finales de 2020 el sector ha absorbido el Real Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales, que reordenó por completo la publicidad del juego online; el Real Decreto 176/2023, que desarrolló los entornos más seguros de juego y el control del comportamiento de riesgo; y, este mismo año, los límites conjuntos de depósito que aplican de forma transversal en todos los operadores, aprobados en junio. La posición de Jdigital es que ese paquete todavía no se ha evaluado y que legislar encima sin hacerlo deja el diagnóstico en el aire.
Tres grupos de trabajo y un documento para principios de 2027
La parte operativa del comunicado es la creación de tres grupos de trabajo con sus asociados, organizados por ámbitos:
- funcionamiento y competitividad del mercado regulado
- protección del jugador y juego responsable
- publicidad, comercialización y evolución del ecosistema digital
Cada grupo partirá del análisis de la situación actual, identificará retos y formulará propuestas. Las conclusiones se integrarán en un documento conjunto que la asociación espera presentar a principios del año que viene.
Los dos últimos ámbitos se tocan de forma continua. Los límites conjuntos de depósito son el ejemplo más inmediato: se aprobaron como medida de protección del jugador y operan a la vez sobre la comercialización, porque condicionan cuánto puede ingresar cada cliente y cómo se relaciona el operador con él. El reparto en tres grupos organiza el trabajo, aunque las propuestas de un ámbito van a aterrizar en el otro.
Dónde encaja el comunicado en el calendario
El proceso lleva cuatro meses en marcha. La DGOJ publicó la consulta pública previa el 13 de mayo y cerró el plazo de aportaciones el 22 de junio. Recibió más de cincuenta escritos y, a partir de ahí, abrió una ronda de reuniones con quienes los habían presentado. La primera fue precisamente con Jdigital, el 21 de julio, seguida de las asociaciones del juego presencial el 23 y de LaLiga el 28, con más encuentros previstos para septiembre.
El comunicado llega, por tanto, con la ronda ya avanzada y antes de que exista texto articulado. Es el momento en el que todavía se discute el enfoque y no la redacción.
El calendario, el punto más delicado
La parte del comunicado que más consecuencias tiene es la que habla de plazos. Jdigital sitúa el proceso «en la fase final de la legislatura y sin que exista la expectativa de que una reforma de esta trascendencia pueda completar ahora su tramitación parlamentaria y convertirse en ley». De ahí su propuesta: dedicar estos meses al trabajo previo, «evaluar antes de proponer, escuchar antes de decidir e identificar los retos antes de redactar las soluciones», y dejar la reforma para la próxima legislatura.
El aviso está formulado en positivo, pero es un aviso: «sería una oportunidad perdida que un proceso con esta capacidad para definir el futuro del sector terminara traduciéndose únicamente en modificaciones parciales de un marco construido a lo largo de quince años».
La DGOJ ha enmarcado la reforma en otros términos. Al abrir la consulta señaló que la ley lleva quince años en vigor sin una actualización de fondo y que el objetivo es reforzar los controles, mejorar la prevención y actuar con más herramientas frente al juego ilegal, adaptando la norma a un entorno digital que no existía en 2011.
El juego ilegal, el terreno donde coinciden
Hay un punto en el que las dos posiciones apuntan al mismo sitio. Jdigital dedica un pasaje del comunicado a la oferta ilegal con un matiz que no es menor: el problema no es solo de competencia para los operadores con licencia, sino que determinados jugadores quedan «fuera de las garantías, controles y mecanismos de protección que el ordenamiento exige a quienes operan legalmente en España». Preservar una canalización alta, dice, debe ser uno de los objetivos esenciales de la reforma.
Jdigital es la asociación empresarial del juego digital en España. El comunicado íntegro puede leerse en la web de la asociación. Fuentes: nota de prensa de Jdigital «Reformar la Ley 13/2011 con la mirada puesta en el futuro del sector del juego online», 21 de septiembre de 2026, y documentación de la consulta pública previa de la DGOJ.